PROCEDENCIA, OPORTUNIDAD Y POPULARIDAD DE CLAUSULAS SUELO

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La Audiencia de Barcelona ha confirmado la sentencia del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona que declaraba la nulidad de una cláusula suelo por considerarla abusiva.

La Audiencia condena a la entidad bancaria a que suprima la aplicación de la cláusula en cuestión y a que devuelva a los deudores del préstamo que garantiza la hipoteca en la que se incardinaba las cantidades cobradas en virtud de tal cláusula  y, además, incrementar dicha devolución con el interés lega moratorio sobre las cantidades devueltas.

 

El interés mínimo pactado, el suelo, era del 4,5%.

 

Generalmente son dos los argumentos principales que se utilizan para discutir, y destruir, estas cláusulas en los préstamos hipotecarios.

 

El primero de los argumentos es la falta de información al cliente de la entidad bancaria, de quien se dice que no consta que el banco lo informara del contenido y el alcance de dicha cláusula, contraviniéndose las reglas de la buena fe al imponerla al prestatario.

Este argumento es, además de forzado, demasiado ingenuo. Lo cierto es que cualquiera que haya solicitado en algún momento un crédito de una entidad bancaria puede afirmar que ha sido informado de las condiciones del mismo, comisiones de apertura, comisiones de reclamación de cuotas en mora, comisiones por cancelación anticipada total o parcial, etc., etc.. Otra cosa es que no se preste atención a estas informaciones pro el hecho de que quien pide el dinero está dispuesto a pagar porque se lo presten.

 

No estamos ante productos complejos o de nombres extraños; no estamos ante productos de alto riesgo que efectivamente exijan de quien los ofrece un esfuerzo especial para que el común del público los conozca. No se trata de “bonos estructurados” ni de fondos de resultados fluctuantes, ni de incluso “participaciones preferentes” —-cuya única “preferencia” es respecto del socio, último en cobrar en su caso lo que restara de la sociedad una vez disuelta o quebrada la misma—. Se trata exclusivamente de un préstamo que se solicita generalmente para adquirir una vivienda y donde se establece un capital qu ese presta, un plazo para su devolución y un interés anual. Esto lo entiende cualquiera pues ya desde cuarto curso de primaria se estudia con aquélla fórmula que nos enseñaban para calcular el “interés simple” (capital por rédito por tiempo) que nos hacían llamar “carrete”.

No creo que sea admisible que se pretenda situar como una operación compleja o de especial dificultad el establecimiento de un interés fijo mínimo para el capital que presta una entidad bancaria a un particular. Es más, creo que esta interpretación inaplica el principio de que la buena fe se presuma en los negocios porque parte de la base de que existe ánimo de engañar o abusar en la entidad bancaria.

 

El otro argumento que se esgrime generalmente es el abuso en el establecimiento de un interés (en este caso del 4,5 por ciento, no lo olvidemos pues luego nos servirá esta referencia) y la falta de compensación en cuanto a que el banco no fija un tipo máximo, aludiendo a que no se permite al usuario negociar y se le imponen este tipo de cláusulas.

 

Algo “peregrino” me parece también este argumento. En primer lugar no se si a los Juzgadores que dictan este tipo de resoluciones se les permite negociar el precio del  litro de gasolina cuando llenan su depósito, el precio de la barra de pan cuando la compran en la panadería de los bajos de su casa, el precio de una medicina cuando la compra en la farmacia. La falacia de que los contratos son fruto de una negociación es palmaria cuando se trata de ventas al público por parte de grandes empresas o simplemente por parte de pequeños comercios. El es público, y no un consumidor, el que pacta el precio en el mercado. En función de la demanda de trigo, se forma el precio de trigo; si vamos a comprar nosotros un kilo de trigo en una abacería no se me permite negociar sobre su precio.

Es el mercado, el conjunto de consumidores, los que fijan el precio de las hipotecas. Es el Banco quien las oferta en función de los consumidores que van a hacer uso de las mismas. No es cada consumidor el que pacta sus propias condiciones. Esta permitido un pequeño margen: se puede reducir un 0,25 la comisión por cancelación anticipada e incluso reducir dos o tres puntos básicos el interés ofertado. Así pues, el hecho de que un Banco ofrezca hipotecas a un interés mínimo del 4,5% permite al particular contratarla o negociar con otra entidad bancaria. No le permite en ningún caso realizar una negociación efectiva de este aspecto. Puede, si, plantear su supresión, pero ello redunda en la segunda de las opciones que generalmente facilita la entidad bancaria; en tal caso el interés variable se referencia con un mayor porcentaje de incremento sobre el euribor. El consumidor pues debe decidir si le interesa más con una entidad o con otra y si le interesa más un interes. Pongo por ejemplo, de euribor más 1,50 y un mínimo del 4,50 o del euribor más 2 puntos.

 

Todo este proceso de estudio y elaboración de la voluntad de las partes se obvian por parte de quienes estudian en profundidad exclusivamente uno de los factores que tienen influencia, el establecimiento de un mínimo.

 

Muchas veces los análisis conllevan su contradicción.

En el caso que tomamos como base se condena a la entidad bancaria a hacer desaparecer el suelo del 4,5 por ciento, devolviendo lo que se dice cobrado indebidamente por resultar abusiva la imposición de tal interés, y se condena a que dicha devolución se haga incrementada en el interés moratorio correspondiente.

El interés legal esta situado en el 4% y el moratorio, de la L.E.C., en dos puntos más, el 6%. Es decir, se está tachando de abusivo un interés del 4,5% cuando solo supera en 0,5% al interés legal y se está condenando a pagar a quien se dice que abusaba el 6%.

 

Es imprescindible que se produzca una unificación en la interpretación de cláusulas o apartados que tengan la trascendencia social que tiene la que hablamos. Sería deseable que la doctrina unificada fuese acorde a derecho y a las circunstancias, no solo sociales del momento en que se aplica, sino concurrentes en el momento de celebrarse el contrato y es innegociable que se permita a la libertad privada el pacto sobre las estipulaciones que consideren las partes que deben regir sus contratos.

Cualquier otro comportamiento conlleva lo que ya se está viendo. Los prestamistas no ponen su dinero en el mercado pro temor a lo que sea de él después; los prestatarios solo olvidan lo que se pactó cuando les resultan de aplicación apartados que les perjudique, y los abusadores se valen de lo uno y de lo otro para, con olvido ciertamente de elementales principios, ofertar y aparentar operaciones fantásticas que sí que resultan a la larga tremendamente gravosas para quienes recurren a este tipo de oportunidades creyendo encontrar una financiación ideal.

Jose De Cueto L.

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