01 Apr 2011

RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES DE COTOS DE CAZA POR DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES

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Convivimos en un estado social y democrático de derecho, colmados de libertades, libertades que comportan responsabilidades, que debemos prever, asegurar y controlar, ardua tarea, máxime cuando se trata de la llamada responsabilidad por riesgo, en la que se nos exige la máxima diligencia y deber de cuidado, es el caso de la responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos,  responsabilidad que llegó a generar bastantes problemas a los titulares y propietarios de los cotos de caza, hasta tal punto, que las aseguradoras en determinadas zonas se negaban a asegurar a los mismos, encontrándose en una situación de desamparo, con el peso de una máxima diligencia, una diligencia específica.

 Es el 9 de Agosto de 2005, cuando la situación cambia y es gracias a la reforma de la Ley de Seguridad Vial, reforma en la que se introduce una disposición adicional que dispuso, manifiestas novedades en la responsabilidad por el atropello de especies cinegéticas. A partir de ese momento la normativa de los daños y accidentes causados por animales queda integrada por el artículo 33 de la Ley de Caza de 4 de Abril de 1970, en relación con el artículo 35 del Reglamento de 25 de Marzo de 1971, el artículo 1906 del Código Civil, la legislación autonómica que sea de aplicación en cada Comunidad Autónoma y la Disposición adicional Novena de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

 Dicha disposición distingue, dos supuestos de atribución de responsabilidad a los titulares de los cotos o propietarios de terrenos en los casos que:

 a).- El accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar, considerándose acción de cazar (art. 2 de la Ley de Caza) “…la ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir, o acosar a los animales definidos en esta ley como piezas de caza a fin de darle muerte, apropiarse de ellos o facilitar su captura por tercero….´´. Así, solo cuando se de el nexo causal entre el atropello del animal y la acción de cazar, se permitirá atribuir la responsabilidad por los daños causados en el accidente de circulación a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, o a los propietarios de los terrenos.

 b).- Cuando el accidente sea consecuencia directa de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado, sin perjuicio de la responsabilidad que se le pudiera atribuir al conductor del vehículo, cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación o al titular de la vía pública en la que se produce el accidente, como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación y señalización de la vía. Destacar que al estar normalmente los cotos constituidos por un conjunto de fincas, propiedad de distintos propietarios y no imponiéndose obligación alguna a los mismos de vallar, cerrar sus heredades (artículo 388 del Código Civil), no se podrá exigir el vallado de todo el perímetro de las fincas que constituyen el coto.

 Con esta disposición el sistema de responsabilidad objetivo introducido en la ley de Caza se ve moderado en gran medida, instaurando un sistema de responsabilidad por culpa de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, responsabilidad que dependerá en todo caso, de la procedencia del animal que irrumpe la calzada, resultando necesario probar la procedencia del animal. En este sentido no existe una posición unánime de la doctrina.

 Así, un sector de la doctrina, concretamente Audiencias Provinciales de Gerona, Soria, León, Castellón….entienden que cualquiera que sea el aprovechamiento de la finca (caza mayor/caza menor), las piezas de caza que existen en el coto pertenecen, salvo prueba en contra, a su titular, sin que el término “procedente´´, establecido en el artículo 33 de la Ley de Caza , exija permanencia estable o prolongada de la pieza de caza el coto, debiendo ser interpretado únicamente de que el animal salga del terreno acotado.

 Por el contrario, otro sector de la doctrina, Audiencias Provinciales de Córdoba, Palencia, Orense…. entienden que el término procedente comprende algo más que el mero salir o provenir del terreno acotado, vinculando la responsabilidad de su titular a la circunstancia de que las especies que provocan el daño sean aquéllas que son objeto de explotación en el terreno acotado, por cuanto la responsabilidad de indemnizar el daño deriva del beneficio y disfrute que el coto le reporte a su titular. De manera que si el animal no forma parte de ese aprovechamiento , su control escapa a las posibilidades de cuidado de los titulares, que por tanto no deben cargar con la responsabilidad derivada de un animal que de modo ocasional o fugazmente transite por el terreno.

 Igualmente por la doctrina, se mantiene que si el terreno acotado se haya destinado a la caza menor, no debe responder su titular de los daños causados por piezas de caza mayor, en este sentido S.S.A.P de Granada, de fecha 25 de Septiembre de 2009; S.S.A.P d Huesca de 7 de Febrero de 1994; S.S.A.P de Cáceres, sección 1ª de 28 de Septiembre de 2000; S.S.A.P de Cáceres, sección 2ª de 25 de Noviembre de 2000; S.S.A.P de A. Coruña, de 19 de Enero de 2006, entre otras.

 Es jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, que la procedencia no puede ser entendida como meramente circunstancial en una finca concreta, sino que es necesario la existencia de una cierta conexión entre la presencia del animal y el aprovechamiento. Igualmente se ha pronunciado el Tribunal Supremo, en relación, al término “procedencia´´, respecto a los casos en que los daños sean causados por especies de gran movilidad, proliferación o gran distribución geográfica, haciéndolo de una forma más amplia y flexible, estableciendo que los animales igualmente pueden proceder de cotos contiguos, próximos o más cercanos al lugar del daño, lo que impone un sistema de responsabilidad solidaria de todos ellos.

 Las dos corrientes doctrinales, nos demuestran una vez más las grandes contradicciones existentes entre los propios jueces, de tal manera que si un determinado caso de atropello de especie cinegética es visto por alguna de las Audiencias Provinciales del primer sector doctrinal, nos encontraríamos que salvo prueba en contrario, bastaría con que el animal saliera del coto, para imputarle la responsabilidad al titular del mismos, independientemente de que el aprovechamiento fuese o no de caza mayor o menor, sin embargo, si el mismo caso fuese visto por alguna de las audiencias del segundo sector doctrinal, solo se imputaría la responsabilidad al titular del aprovechamiento, cuando el animal que produjera el accidente, fuese especie cinegética objeto del terreno acotado.

                                                                                                                              Sara Castillo A.

18 Mar 2011

Anulación de las llamadas “cláusulas de suelo” en las hipotecas

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Hoy hablamos de la demanda admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid interpuesta por la ADICAE, contra 45 entidades financieras, luego ampliada a 8 entidades más, solicitando la anulación de las llamadas “cláusulas de suelo” en las hipotecas.

Ya existe una Resolución judicial que considera no ajustadas a derecho determinadas “clausulas suelo” por entender que suponen una desproporción en los derechos y obligaciones de las partes si no van acompañadas de “clausulas techo” equivalentes en cuanto a lo gravoso que puedan resultar para quien se atiene a ellas y en cuanto a la posibilidad de que tengan que entrar en vigor.

No obstante, independientemente de cuál sea ahora nuestra opinión al respecto, rectificamos el comentario para hacer ver la contaminación que sufren los lectores al recibir las noticias que publica la prensa.

Un sentido populista lleva a quien escribe el titular, y a quien escribe el artículo, que algunas veces pareciera no ser la misma persona, a plasmar en él exclusivamente la parte de realidad que entiende el “profesional” pueda resultar interesante al lector o, lo que es peor, pueda resultar “interesante” al editor. Además debe considerarse el interés que persigue quien filtra o facilita la información.

En una sociedad donde solo el impacto es importante, porque solo resulta rentable la primera convulsión del consumidor, es fácil, a cualquiera que se mueva por el interés económico, filtrar o facilitar unos datos concretos, de un todo mucho más extenso, y hacerlos llegar a quien tiene posibilidad de trasladarlos a la masa. Si quien recibe los datos no se preocupa de analizar si son o no completos, sino que se conforma con conocer que son verdaderos, para evitar complicaciones judiciales o indemnizaciones importantes, carga la redacción de su artículo de insinuaciones hábiles que guían al lector a la conclusión que quiere obtener. Si junto al que filtra y al que escribe concurre una editorial que, en función del número de periódicos que son vendidos o leidos obtiene más o menos beneficio, encontramos la razón del daño que muchas veces se causa a personas honradas que se ven involucradas en una cuestión con trascendencia social.

Quien “filtra” los datos se da a conocer; quien los recibe, y los adapta a un texto agradable de leer, obtiene el reconocimiento de los lectores, y quien se encarga de publicarlo obtiene el beneficio de las ventas; ¿qué gana con esto el lector? Desde luego no información, pero si tranquilidad de conciencia o vanidoso reconocimiento de sus puntos de vista.

Al final la información es lo menos importante muchas veces y la noticia es el medio que utilizan unos y otros para lucrarse. Me niego a referirme a ningún caso concreto de los muchos que todos podemos tener presentes.
Nos proponemos comentar en esta sección distintas cuestiones que puedan resultar de interés y tener alguna trascendencia jurídica. No pretenderemos defender ningún interés predeterminado ni, mucho menos, facilitar una visión sesgada de la realidad que comentemos.

……Por cierto, la demanda de ADICAE, suponemos que estará bien fundamentada (más al tener ya un antecedente sobre el que encontrar apoyo) pero, desde luego, no creemos que sea simplemente una petición de que se anulen las “clausulas suelo” ni una defensa de “tres meses de salario de los obligados” hipotecarios. Pero de eso, hablaremos más adelante.

                                                                                                                                      J. de Cueto

18 Mar 2011

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