04 Nov 2011

DESAHUCIO EXPRESS

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Recientemente han entrado en vigor unas modificaciones de la L.E.C. que, entre otras cosas, se nos presentan como agilizadoras del proceso de desahucio y tendentes a conseguir mayor efectividad de la Justicia frente a los abusos que, a pesar de tantas otras modificaciones, siguen produciéndose por parte de inquilinos morosos, incluso premeditadamente morosos, y propietarios descontentos y desconfiados.

Pese a la reforma del art. 22 y 449 L.E.C., la verdadera modificación se contiene en la nueva redacción que se da al apartado 3 del art. 440 de la LEC por cuando, en su “versión” anterior, se establecía que, al citar al demandado, inquilino moroso, tras demandarle en desahucio por falta de pago,  se le haría saber la posibilidad que tenía de consignar o pagar antes del día de la Vista y que, en tal caso, quedaría enervada la acción si ésto ocurría por primera vez. Así mismo se le advertiría de que podría desahuciar la finca y no pagar las rentas debidas ni las costas, hasta el límite señalado en cada caso por el demandante, si el actor hubiera hecho esta declaración expresa según previene el art. 437.3 (que previene la posibilidad de condonar al arrendatario-deudor todo o parte de la deuda, si desaloja la vivienda en el plazo que se le fije, siempre superior a quince días).

Pues bien; la nueva regulación se presenta, aparentemente, como agilizadora. Se ha querido interpretar como un avance el hecho de establecerse un plazo, previo, de diez días para que el inquilino pague al actor las rentas debidas.

Lo que la nueva redacción hace es mezclar los trámites del Juicio monitorio con los del Juicio verbal y las especialidades previstas para el desahucio de finca urbana por nuestra L.E.C.. Así, la nueva regulación prevee que, presentada la demanda, deberá señalarse por el Juzgado día para la Vista y día para el lanzamiento. Nada nuevo hasta aquí. Sin embargo, antes, se establecía que, al citar al demandado para la Vista, se le ofrecería la posibilidad de que pagara antes del Juicio, y enervaría así, si procedía, la acción de desahucio. Ahora no. Ahora se le advierte que, además de notificársele el día del Juicio y emplazarlo para el mismo,  tiene un plazo de diez días, inminentes a la citación,  para:

A).- Pagar al actor el importe de las rentas que se dicen debidas en la demanda de desahucio por falta de pago.

B).- No pagar las rentas reclamadas y presentar escrito manifestando por qué no lo hace, relatando por qué cree que no  debe las rentas o la suma que el actor diga que suponen las mismas. 

No es ni imaginable siquiera que el inquilino moroso, más aún el profesional de los impagos arrendatarios, va a dejar transcurrir los diez días sin alegar causas por las que diga entender que no debe las rentas base del desahucio. Es, por otra parte,  una fantasía pensar que el inquilino moroso, si es profesional de la mora,  pague en los diez días siguientes al requerimiento si puede posponer el pago hasta el momento de la Vista.

Sólo aquéllos inquilinos que por desconocimiento, o por falta de atención preparación o asesoramiento,  no hagan constar en los diez días siguientes a su emplazamiento que se oponen a lo que solicita la parte contraria, se verán afectados por la reforma y éstos, además de ser los menos, serán sin duda los más indefensos y los que hayan dado lugar al impago sin mala fe.

Más efectivo es sin duda agilizar los señalamientos; conseguir que un juicio por desahucio se señale en plazo de un mes desde que se insta y que la ejecución de la Sentencia que lo estime se lleve a término en plazo de otro mes. Dupliquemos los plazos, si parecen demasiado cortos los indicados. En cuatro meses puede perfectamente estar resuelto un procedimiento de este tipo.

No se ataca la raíz del problema,  que no es, desde luego, introducir un plazo nuevo, de diez días, para que los ingenuos o los no asesorados “caigan” y sean lanzados de inmediato de sus viviendas arrendadas, y los morosos y personas de mala fe continúen abusando de sus arrendadores. Una vez más se formula una modificación sobre las cuestiones no importantes, y vuelve a vendérsenos como la panacea de los Juicios de desahucio. Una vez más tendremos que explicar que la reforma que permite los desahucios en diez días no es tal y que pese a Jueces y  Abogados el Procedimiento no permite esa agilidad.

Otra cuestión distinta, posiblemente más importante, es la fuerza que le atribuye la Ley a los Decretos dictados por los Secretarios para abrir la vía ejecutiva en estos procesos, quitando el monopolio de la producción de títulos susceptibles de ejecución a los Jueces y Tribunales, sin dejar siquiera en estos casos a los mismos posibilidad de revisión de las resoluciones en cuestión pues son ejecutivas mediante la mera solicitud de ejecución, sin necesidad de tramitación de un nuevo juicio cual ocurre con Autos e incluso Sentencias.

                                                                                                                         J. de Cueto López

28 Oct 2011

LA SUPLANTACIÓN EN REDES SOCIALES

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La Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado penalmente la condena impuesta por un Juzgado de Instrucción de la ciudad a dos jóvenes que crearon un perfil en Tuenti, a nombre de una compañera de estudios y se dedicaron, en la página, a subir imágenes que la denigraban y dañaban (imágenes de extraterrestres comentando “están aquí” y otras similares) así como alguna fotografía de la víctima con algún amigo, escribiendo comentarios que ofendían a otras compañeras, provocando el enfado de éstas e incluso que le retiraran la palabra o el saludo a la víctima de tales maquinaciones.

Se plantea así la protección jurídico penal que tenemos ante una invasión de la intimidad de éste tipo. Alguien se atribuye nuestro nombre, crea un perfil e interactúa con él.

Penalmente creemos que no existe protección clara de los derechos del suplantado si no se comete alguna otra infracción que se pueda considerar delito o falta que, desde luego, no lo es, en principio, abrir un perfil en tuenti, twiter o faceboock, con un nombre que casualmente es idéntico al de algún amigo o enemigo. De hecho, en el supuesto que señalamos de la Audiencia Provincial de Segovia, no se condena a las dos autoras por tal suplantación, sino que la condena es por una falta de “vejaciones”. Lo cierto es que el supuesto es un “caso de laboratorio”, ideal para evitar cualquier pronunciamiento más allá de la sanción por vejaciones y, pese a ello, la Sala se empeña en igualar la suplantación con la vejación, al afirmar, por ejemplo, literalmente, que “el mero hecho de sustituir la identidad con atribución de preferencias inventadas integren ya una vejación”, o que “el conjunto de fotografías y preferencias, con frecuencia extravagantes, conduzcan a un juicio negativo sobre la “personalidad” atribuida.”

La pregunta es si tiene realmente trascendencia penal que alguien, de forma no casual, se irrogue el nombre de otro y comience a actuar como él en internet. La cuestión es, si el mero uso del nombre y apellido no constituye infracción penal, saber si lo será cuando se usa una fotografía; o cuando se hace una descripción histórica como la del suplantado, especificando su año de nacimiento, sus preferencias, etc. No sabemos dónde situará la jurisprudencia el comienzo de protección penal, sencillamente porque los problemas que se han planteado han sido resueltos, como es el caso de la Audiencia de Segovia, de otra manera, resultando hasta ahora aparentemente más idónea la reclamación civil o incluso administrativa.

Civil o administrativamente puede accionarse contra los autores de la “agresión” por el uso de la propia imagen; incluso recientemente se ha pronunciado la Agencia de Protección de Datos, sancionando a una persona con 2.000 euros por suplantar la personalidad de otro en la red “Badoo”. En el supuesto en cuestión podría haberse condenado también al autor por un delito o falta de injurias o vejaciones por cuanto los comentarios que se vertían en la red, a nombre del suplantado, eran provocativos e incitantes, con comentarios acerca de las preferencias sexuales que la suplantadora achacaba a la suplantada.

El Derecho positivo, como siempre, va tras los avances sociales, que se generan a diario. El Derecho Penal debe reservarse ciertamente para situaciones extremas y el legislador debe procurar intervenir lo mínimo posible en las relaciones humanas, a la vez que reprimir penalmente sólo aquéllas actitudes que sean realmente graves. No puede entrarse en el detalle al prever o legislar, si bien si debe tenerse la suficiente capacidad para, siendo lo bastante concretas, redactar las normas jurídicas de forma marquen claramente los límites y, a la vez, tengan cierta capacidad de adaptación a los cambios sociales recogiendo, por supuesto, en el Código Penal como sancionables aquéllas actitudes que vulneran derechos elementales de la personalidad, sin dar lugar a que deba interpretarse como “documento”, o no, una página web o a que la seguridad jurídica de quien se vea atacado o amenazado con una actitud como las que hemos descrito se haga depender del criterio que asuma el Juzgador de turno en cuanto al concepto de “falsedad” de “documento” o cualquier expresión no concreta utilizada en la Ley y que sea susceptible de aplicarse a estos problemas..

La solución puede que no pase por criminalizar cualquier conducta, pero sin duda hoy se requiere cierta interpretación del delito de falsedad, o cierta modificación del tipo, para que derechos elementales del ciudadano, como es su reputación, su imagen pública, incluso más que física, y su dignidad obtengan una rápida respuesta judicial que ampare de forma contundente a quien tenga necesidad de pedir justicia.

Paralelamente a ello, debe tenderse por quienes están encargados de la interpretación y aplicación de la Ley, a tener conocimiento del daño que se causa y que se puede causar mediante una manipulación de la información en la red, y por lo tanto debe ampararse dentro de la jurisdicción civil ordinaria, en los casos de transgresión menor, o dentro de la vía civil ejercitada en la jurisdicción penal, en los casos graves, la reclamación que se formule por este tipo de intromisiones o agresiones.
                                   

                                                                                                                         J. de Cueto López

 

21 Oct 2011

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES ON LINE

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El 10 de Octubre del presente año se aprobaba finalmente por el Consejo una Directiva sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La citada directiva viene a cumplir la obligación impuesta por el art. 161 del TFUE, a la UE, de contribuir a un alto nivel de protección de los consumidores.

Esta Directiva otorga una protección reforzada a la venta fuera de establecimiento comercial y la venta a distancia, como la venta en línea, que tal y como se establece en su prólogo, ha tenido un más que notable desarrollo y contribuye a promover un auténtico mercado interior para los consumidores.

Entre las medidas tendentes a proteger a los consumidores de este tipo de venta en auge, encontramos con que la Directiva  refuerza el deber de información a los consumidores, debiendo los comerciantes facilitar dirección geográfica de establecimiento, nº de teléfono, de fax, dirección de correo, ect, propios, y/o de aquel por cuya cuenta actuasen a fin de facilitar al consumidor el contacto en caso de una posible reclamación. 

Y en materia de pagos adicionales, el art. 22 de la misma establece que antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato u oferta, el comerciante deberá buscar el consentimiento expreso del consumidor para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación principal. Si el comerciante no ha obtenido el consentimiento expreso del consumidor, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor tendrá derecho al reembolso de dicho pago.

Así mismo, el art. 9 otorga a los consumidores un plazo de 14 días para cambiar de parecer y desistir del contrato, sin indicar motivo ni incurrir en coste alguno, salvo los de devolución de los bienes adquiridos, debiendo serles reembolsadas las cantidades abonadas.

Para el ejercicio de este derecho de desistimiento el comerciante entregará al consumidor un formulario normalizado de desistimiento.

No obstante, este derecho de desistimiento tiene algunas excepciones, que se enumeran en el art. 16, tales como el suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o personalizados, suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de la salud o de higiene y que hayan sido desprecintados tras la entrega, el suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas o revistas, con la excepción de los contratos de suscripción para el suministro de tales publicaciones, etc..

Se establece así mismo un plazo máximo para la entrega, que salvo acuerdo en contrario, será de 30 días desde la celebración del contrato. En caso de que el comerciante incumpla este plazo, el consumidor lo emplazará a proceder a dicha entrega en un plazo adicional, razonable para las condiciones de la entrega, transcurrido el cual, el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato, debiendo el comerciante reembolsar todas las cantidades abonadas en virtud del mismo.

Otra de las medidas que establece la reciente Directiva es imposición a los Estados Miembros de prohibir a los comerciantes cargar a los consumidores, por el uso de determinados medios de pago, con tasas que superen los costes asumidos por el comerciante por el uso de tales medios.

Además, los Estados miembros deberían velar, por orden de la directiva para que, en caso de que el comerciante opere una línea telefónica a efectos de comunicarse con el consumidor en relación con el contrato celebrado, el consumidor —cuando se comunique con el comerciante— no esté obligado a pagar más de la tarifa básica. 

Todas estas medidas vienen a reforzar la seguridad de las ventas fuera de establecimiento o a distancia, reforzando la protección de los consumidores, como medida para potenciar el mercado interior europeo. Si bien, al tratarse de una Directiva corresponde a los Estados Miembros la transposición de todas las medidas contenidas en la misma a su legislación interna, en plazo de 2 años, debiendo informar a los consumidores y usuarios de las disposiciones de derecho interno por las que se transpone la presente Directiva, y animarán a los comerciantes a que informen a los consumidores de los derechos que les asisten en virtud de éstas.

                                                                                                                            Mª José Díaz M.

 

14 Oct 2011

LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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Ya son 51 las fallecidas en lo que va de año, tras registrarse un total de cuatro crímenes en menos de una semana.

 La negra estadística de las muertes por violencia domestica o de genero, se incrementa a un ritmo escalofriante.

Casi el 53% de las victimas de violencia de genero del 2.011, no superaban los 40 años y mas del 72,5 % del total no habían denunciado a su agresor.

Las denuncias presentadas entre Enero y Marzo de 2.011, (32.492), implican una media de 361 denuncias diarias en España. La cifra supone una estabilidad con respecto al mismo periodo del año anterior, y un incremento del 3%, sobre el ultimo trimestre del 2.010.

La violencia de genero se ha constituido como un fenómeno invisible durante décadas, siendo una de las manifestaciones mas claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La constatación de la existencia de esta situación, marcara un antes y un después en la consideración legal, y social de los derechos y libertades de las mujeres.

Hacer explicita la relación entre el saber y el poder, entre el Derecho y la Politica, asi como entre Derecho, poder y violencia, es especialmente importante en un ámbito como el de los malos tratos, en el que lo central es la relación de poder, que existe entre el maltratador y la victima.

Solo entendiendo la naturaleza especifica de esta violencia, solo aceptando que nos encontramos una realidad criminológica y dogmatica distinta a la del tipo básico de lesiones, podremos comprender la naturaleza propia de este delito.

La violencia que el maltratador ejerce sobre la mujer, tanto física como psicológicamente tiene como objetivo último restablecer el equilibrio entre las relaciones de poder tal y como él las entiende. Algunos varones creen poseer como resultado de todo lo expuesto, un poder de dominio sobre las mujeres consecuencia lógica de su masculinidad y de los roles sociales a ella asignados.

Por este motivo, no es raro escuchar que el maltratador es un perfecto vecino, compañero de trabajo, educado, servicial, buen amigo…Ante esas dos personalidades enfrentadas que se manifiestan de forma diferente en lo privado y en lo público, los medios de comunicación dan a entender a la hora de poner de manifiesto los sucesos acaecidos, que algo de responsabilidad tendrá la mujer en ese cambio y que algo influirá su conducta (Negación de custodia compartida, infidelidades, …).

 Todo ello, explica el interés durante el proceso, por comprender el estado de ánimo del acusado y la frecuencia con la que se acepta el trastorno mental transitorio en este tipo de supuestos.

No solo el poder judicial se muestra muy interesado en conocer el estado de ánimo del acusado, también los medios de comunicación social cuando narran los hechos ante la opinión pública.

Esta representación de la violencia induce a pensar que ambas partes del proceso son víctimas o responsables, nada más lejos de la realidad. La infidelidad, los celos, las discusiones habituales,  son a veces elementos suficientes para pensar que el acusado, se encuentra en una situación de trastorno mental transitorio, justificando de esta forma una conducta irracional y violenta.

Para realizar una correcta calificación de los hechos presentados, se debe conocer además por parte del interprete y aplicador del Derecho, la naturaleza de esta violencia y sus efectos sobre la salud mental de la víctima.

La correcta valoración del daño real, comienza por la denuncia, la cual debe de ser realizada con el máximo de diligencia en el relato de los hechos, así como deber ser acompañada siempre del informe forense del Juzgado de Instrucción.

 

Cuando los profesionales que deben de tomar declaración a la victima consideran las situaciones que se les relatan hechos aislados y no un proceso, cuyo objetivo es mantener a la mujer en una situación de dominio y de subordinación y no la lesión o el daño concreto, se produce una incorrecta recogida de los datos, que afectara a la calificación y a la valoración de los hechos.

Si la realidad del maltrato fuera comprendida en su verdadera naturaleza, por los operadores jurídicos, al tiempo que se fuera consciente de todos los problemas que encierra la racionalidad jurídica, no cabe duda de que los destinatarios de las normas tomarian otras decisiones.

Tras la denuncia, la Justicia pone al servicio de la victima una medida para prevenir un mal mayor: la orden de protección.

La  orden de protección es un instrumento legal diseñado para proteger a las víctimas de la violencia doméstica, y/o de genero frente a todo tipo de agresiones. Para ello la orden de protección concentra en una única e inmediata resolución judicial (un auto), la adopción de medidas de protección y seguridad, de naturaleza penal y civil y activa al mismo tiempo, los mecanismos de asistencia y protección social, establecidos a favor de la misma por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

La Orden de Protección unifica los distintos instrumentos, de protección a la victima previstos por el ordenamiento jurídico y le confiere un estatuto integral de protección.

Se regula en el Art.544.ter., de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia domestica.

 Aunque la redacción literal del Art.544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, refiere la orden de protección solo a las víctimas de la violencia domestica, el art.62 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de protección integral contra la violencia de genero, hace extensivo dicho artículo a las víctimas de la violencia de genero.

 ¿Qué medidas establece? 

Medidas penales:

  • Privativas de libertad (prisión provisional).
  • Prohibición de aproximación.
  • Prohibición de residencia.
  • Prohibición de comunicación.
  • Retirada de armas u otros objetos peligrosos.

 

Medidas civiles:

  • Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.
  • Determinar el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos.
  • Régimen de prestación de alimentos.
  • Cualquier medida de protección al menor para evitar un peligro o perjuicio.

Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces.

Las medidas de naturaleza civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el/la Juez/a de Primera Instancia o el/la Juez/a de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.

Medidas de asistencia y protección social:

La orden de protección confiere a la víctima un estatuto integral de protección que constituye título habilitante para acceder a las medidas de asistencia y protección social establecidas por el ordenamiento jurídico, bien por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales:

  • Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia, gestionada por los Servicios Públicos de Empleo.
  • Ayuda económica del artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, gestionada por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
  • Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.
  • Derechos laborales y de Seguridad Social.
  • Solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que sólo será concedida cuando recaiga la sentencia condenatoria, y solicitud de autorización de residencia independiente de los familiares reagrupados. 

Recientemente el Tribunal Supremo, ha dictado una Sentencia en la que avala la publicación de los implicados en caso de maltrato, el Alto Tribunal considera que prevalece el derecho a la información y que estos casos son de gran interés público. Legitima que se publique la fotografía, edad y nombre del agresor.

Se debe de aislar socialmente al maltratador, a fin de que la fatal  estadística no aumente, aunque desgraciadamente el 51 no será el número final de víctimas de violencia de género en este 2.011 que aun no ha finalizado.

Mar Peña Rodriguez.

 

27 Sep 2011

La reforma constitucional

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Con fecha 31  de octubre de 1978, las Cortes en sesiones plenarias del congreso de los Diputados y del Senado aprueban la Constitución de 1978, meses más tarde, el 6 de Noviembre del mismo año, la misma es ratificada por el pueblo español, mediante referéndum.

 

Hace escasamente un mes cuando nos sorprende la noticia de que el Gobierno tiene intención de modificar la Constitución Española, al parecer, se cree conveniente establecer un límite al déficit público, tal reforma con ciertos tintes de urgencia y prisa acaba finalmente siendo aprobada por los dos partidos mayoritarios del momento, se pacta por segunda vez en treinta años una reforma de la norma constitucional. En los principales periódicos del país, los titulares comienzan a hablar de “reforma exprés y sin referéndum´´, lo que alborota bastante a la ciudadanía, la que comienza a preguntarse hasta qué punto es constitucional la reforma. Pero para responder a esta pregunta, previamente debemos matizar que nuestra norma constitucional prevé dos modelos de reforma, el primero de ellos el denominado Procedimiento Ordinario, regulado en el artículo 167 de la Constitución y el segundo de ellos el Procedimiento Agravado, regulado en el artículo 168 de la Constitución.

El modelo ordinario tiene tres vertientes, que indicamos a continuación:

En la  primera el proyecto de reforma debe provenir del Gobierno, pudiendo ser proposición del Congreso o del Senado, debiendo ser aprobado por la mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras.

La Constitución contempla la posibilidad de que ambas Cámaras discrepen en cuanto al texto aprobado por cada una de ellas; así, en caso de que exista cualquier diferencia en el texto aprobado por el Senado respecto al aprobado previamente por el Congreso de los Diputados, se constituye una Comisión mixta de composición paritaria de Diputados y Senadores, cuya misión es lograr un texto consensuado que ha de someterse a ambas Cámaras al objeto de que sea aprobado por la citada mayoría de tres quintos (3/5).

2.- En la segunda vertiente la Constitución prevé una segunda modalidad para el caso de que el texto sometido a las Cámaras, con o sin intervención de la Comisión mixta, sea aprobado por ambas, pero sin alcanzar en el Senado una mayoría de tres quintos (3/5) de sus miembros[.- ]En tal supuesto, y siempre que la reforma hubiera obtenido en dicha Cámara al menos el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, el Congreso puede aprobar la reforma si alcanza una mayoría de dos tercios; es una manera de destacar el mayor peso del Congreso de los Diputados, que puede forzar la aprobación de la reforma aunque éste sólo obtenga la mayoría del Senado, en vez de los tres quintos de la Cámara.

Esta posibilidad constituye una última oportunidad para aprobar la reforma ya iniciada.

3.- En la tercera modalidad se contempla la intervención del electorado. []En Efecto, si lo solicita la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras, la reforma ya aprobada por las Cortes Generales mediante el procedimiento indicado ha de ser sometida a referéndum para su ratificación. La solicitud ha de hacerse dentro de los quince días siguientes a la aprobación definitiva por las Cortes.

Así, teniendo en cuenta las características de las tres vertientes anteriormente expuestas se deduce que la reforma no es anticonstitucional por no haberse sometido a referéndum, pues se exime de la necesidad de una consulta popular, las reformas, que como en el presente caso, cuenten con un alto consenso de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

El procedimiento Agravado es obligado cuando:

1.-  La propuesta sea de revisión total de la Constitución o,

2.-  Cuando, la reforma siendo parcial, afecte al Título Preliminar ( el cual, contiene preceptos que proclaman los principios y valores básicos del ordenamiento constitucional), al Capítulo Segundo, Sección Primera, del Título I, (el cual, comprende la regulación de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que gozan de una protección constitucional superior, según los términos del art. 53.2 de la CE) o al Título II (el cual, regula la institución de la Corona).

Para que una reforma de las indicadas en el art. 168.1 se lleve adelante ha de ser aprobada por mayoría de dos tercios de cada Cámara. En caso de que el principio de reforma constitucional sea aprobado por la citada mayoría en ambas Cámaras, se ha de proceder a la inmediata disolución de las mismas.

Las Cámaras elegidas a continuación deben primero ratificar la decisión, para lo cual no se exige ninguna mayoría cualificada, bastando por consiguiente que haya una mayoría simple a favor de la reforma. Después han de proceder seguidamente al estudio del texto del proyecto o proposición de reforma constitucional, que debe ser aprobado en ambas Cámaras por mayoría de dos tercios (2/3). Una vez aprobada por las Cortes Generales ha de ser sometida la reforma a referéndum para su ratificación.

Así, habiendo aclarado que la reforma no es anticonstitucional nos centramos en la reforma en sí, siendo el artículo reformado el 135 C.E, artículo que establecía:

“…1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito. 

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión….´´

Tras la reforma el artículo 135 se amplia, introduce una prioridad absoluta a la hora de afrontar el pago de la deuda pública y establece límites al volumen de la misma, que únicamente podrá superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia que escapen del control del estado. El nuevo artículo queda redactado de la siguiente forma:“… 1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias…´´

                                                                                                               Sara Castillo Almagro

19 Sep 2011

LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

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En 2011, el numero de  trabajadores afectados por expediente de regulación de empleo (ERE), se han incrementado en un 3,5%, aumentando el número de ERE autorizados un 11,7 % con respecto al 2010, siendo un total de 153.698 trabajadores los afectados por ERE hasta el mes de Junio del presente año, según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. No obstante, los expedientes de suspensión temporal de empleo, han sufrido una reducción respecto a años anteriores.

Según establece el ministerio de Trabajo y del Interior, los procedimientos administrativos de regulación de empleo, son procedimientos administrativo-laborales de carácter especial, dirigidos a obtener de la autoridad competente autorización para suspender las relaciones laborales, cuando concurran determinadas causas y garantizando los derechos de los trabajadores.

Las causas que permiten la tramitación de un expediente de esta naturaleza son las siguientes:

  • Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante. 
  • Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor. 
  • Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o
  •  Suspensión de la relación laboral fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción

Se entenderá que concurren tales causas cuando la adopción de estas medidas, ya sea la suspensión o la extinción de la relación laboral, contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa, y del empleo en la misma, a través de una más adecuada organización de los recursos. Hay que tener en cuenta el despido que pueda adoptar el empresario por esta causa debe contribuir a superar la situación económica negativa en la que se encuentre la empresa, sin que se le exija probar que tal medida asegure la viabilidad de la empresa, lo que si se exige es que el mismo contribuya de forma directa y adecuada al objetivo que se persigue.

La tramitación de un expediente de regulación de empleo puede iniciarse o bien por el empresario interesado o bien por los trabajadores, a través de sus representantes, cuando presuman que la no incoación del mismo por el empresario puede resultarles perjudicial.

La iniciación del expediente requiere solicitud dirigida a la Delegación de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde radique el centro de trabajo afectado. Dicha solicitud debe incluir:

  • Una memoria explicativa de las causas o motivos del proyecto de despido colectivo, acompañando a estos efectos toda la documentación que entienda necesaria. Así si la causa que se alega es de índole económica, la documentación que se acompañe estará debidamente auditada acreditando  el estado y evolución de su situación económica, financiera y patrimonial de los tres últimos años, y si las causas son de índole técnica, organizativa o de producción, se acompañarán los planes, proyectos e informes técnicos justificativos de la causa o causas alegadas como motivadoras del despido, medidas a adoptar y sus expectativas de repercusión en cuanto a la viabilidad futura de la empresa. 
  • Indicación del número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente durante el último año, así como de los trabajadores que vayan a ser afectados. Se deben tener en cuenta los trabajadores con contrato suspendido que puedan ver afectado su derecho a reincorporarse procedentes de la situación de excedencia o en incapacidad temporal en trámite de reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta. Sin embargo, los trabajadores excedentes voluntarios, aunque figuren en la relación incluida en el expediente, no tienen derecho a indemnización. 
  • Los criterios tenidos en cuenta para designar los trabajadores que vayan a ser afectados y período a lo largo del cual está previsto efectuar las extinciones de los contratos de trabajo. 
  • En las empresas de cincuenta o más trabajadores, se ha de incluir un plan de acompañamiento social que contemple las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir los efectos del despido colectivo, así como atenuar sus consecuencias para los trabajadores que finalmente resulten afectados (entre esas medidas se incluirían las dirigidas especialmente a la readaptación o a la reconversión de los trabajadores y su posible integración en otros puestos de trabajo en el seno de la empresa o grupo de empresas, así como las que favorezcan el mantenimiento de puestos de trabajo de carácter indefinido o la redistribución de la jornada de trabajo entre los trabajadores empleados y otras de análoga naturaleza). 
  • Copia de la comunicación a los representantes de los trabajadores del inicio del período de consultas junto con el escrito de solicitud a los mismos del informe sobre las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de aquélla, y  las reducciones de jornada, a que hace referencia el 64.5 a y b del ET.

Tras la solicitud se abre un periodo de consultas, no superior a 15 días, con el empresario y los representantes de los trabajadores, sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos.

A la finalización de período de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente, en el plazo de cinco días, la solicitud final de despido colectivo que realiza y las condiciones del mismo, junto con el resultado del período de consultas, acompañado del acta o actas comprensiva del contenido de las negociaciones mantenidas, con reseña suficiente de la documentación y de los informes que hubieran sido examinados y, en su caso, el informe sobre las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de aquélla, y  las reducciones de jornada. Asimismo, deberá comunicar el contenido definitivo del plan de acompañamiento social y, en su caso, de las medidas a aplicar.

En el plazo de tres días, a contar desde la comunicación de la finalización del período de consultas, la autoridad laboral procederá a dar audiencia del expediente a las partes.

Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución autorizando la extinción de las relaciones laborales; si transcurrido dicho plazo no hubiese recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los mismos términos. La resolución de la autoridad laboral incluirá como anexo el acuerdo entre las partes.

Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. Dicha resolución deberá ser motivada y congruente con la solicitud empresarial.

                                                                                                                            Mª Jose Díaz M.

09 Sep 2011

PROTECCION DE DATOS Y DERECHOS DE LA PERSONA

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Según la L.O.P.D. su objeto es  garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en un soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Debe resaltarse que la Ley diferencia aquí, en su art. 2 a los datos de carácter personal “registrados en soporte” y el uso posterior que de estos datos pueda hacerse. Define seguidamente el “tratamiento” como operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación. Pese a la diferenciación que declara conocer el legislador en el art. 2, tan  sólo unas palabras más abajo, iguala el hecho de “recoger” datos al hecho de “elaborarlos o modificarlos”, pese a que en la práctica no es igual el simple hecho de grabar que el de modificar, trastocar y publicar una grabación.

Esta igualación de conceptos tiene relevancia en toda la Ley. Fijándonos en las sanciones, se sanciona como falta grave el tratar datos de carácter personal sin consentimiento o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidas en el art. 4 de la Ley.

Tratar los datos es grabarlos en un soporte o mantenerlos en el mismo, según el art. 3, y también lo es modificarlos y publicarlos.

Nuevamente en el art. 44 la Ley diferencia el mero hecho de grabar del de publicar o reproducir, y así en la letra b) del art. 44 prevé lo primero y en la c) lo último; sin embargo ambas actuaciones las incardina dentro del número 2, calificándolas de “graves” igualando absolutamente ambos hechos para calificarlos de igual manera.

Recientemente ha sido sancionada una empresa por grabar imágenes en las calles donde se ubica su comercio con la finalidad, se decía, de mantener la seguridad del centro y de quienes al mismo acudían a comprar. Infringe la Ley en que grava sin autorización en la vía pública.

El razonamiento de la Audiencia, que confirma la sanción que impuso la Agencia, es inmaculado en tanto en cuanto no sólo se habla de L.O.P.D. sino que se hace referencia a que el Ministerio del Interior no autorizó la instalación de las cámaras en cuestión.

La crítica se dirige no al caso particular, pero si a las cuestiones que el mismo sugiere. La intimidad de una persona se puede ver agredida si se la graba cuando accede a una consulta de un médico especialista o a una Iglesia o centro de culto y, por el mero hecho de que la consulta o la iglesia sitúe al lado de un centro comercial,. quede constancia de sus posibles enfermedades o creencias religiosas  Pero no lo es menos que lo realmente grave no es la grabación en si, sino su publicación o manipulación posterior. No se debe igualar pues la grabación o con lo que vulgarmente se entendería como su tratamiento en el sentido de su modificación o exhibición. El ordenamiento en otros preceptos sí que distingue entre el conocimiento particular de determinadas circunstancias de una persona y su difusión o publicación, castigando lógicamente de forma más grave esta última actitud  que aquélla.

Igualar la infracción consistente en instalar cámaras que gravan al público indiscriminadamente, y solo eso, a la infracción consistente en recabar datos por parte de la administración sin legitimación reglamentaria o el revelar secreto profesional respecto a datos conocidos por el infractor en función de su profesión u oficio, no parece desde luego equitativo.

A veces es saludable reducir las situaciones al extremo e incluso al absurdo para poner de manifiesto sus carencias. La grabación de imágenes incluso en el casos en que no sean después visionadas, constituye ya por si infracción a la L.O.P.D. y es sancionable y su sanción es equiparable a la que se impondría a la Administración cuando, sin estar autorizada por ninguna orden ministerial ni decreto, recabara datos y formara un fichero con circunstancias personales de los administrados a saber con qué fines…

No puede la ley ciertamente entrar en la casuística concreta, pero bueno sería que procurase no ser tampoco genérica en exceso y dar lugar, como de hecho ha ocurrido, a que un alumno denuncie a algún departamento universitario por haber publicado sus notas en un tablón de anuncios.

Por ahora la solución más recomendable, una vez obtenidas las oportunas inscripciones y legalizaciones, es orientar las cámaras de seguridad hacia dentro del establecimiento y no permitir que puedan realizar ninguna impresión de quien use la vía pública.

                                                                                                                  Jose de Cueto L.

02 Sep 2011

TECNICAS DE ESTUDIO DEL PERFIL CRIMINAL

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Según Peter A. Smerick, ex perfilador criminal del FBI, en la película “El silencio de los corderos”   los agentes de FBI encargados  de realizar el estudio  de los perfiles psicológicos de los criminales  (criminal profiling) consiguieron realizar una descripción  bastante aproximada del asesino , lo que ayudó a su identificación y detención.

La Unidad de soporte a la investigación del FBI, sita en la academia del FBI define el análisis del perfil criminal como el proceso de revisión  y valoración de los hechos existentes en la escena del crimen  para proceder a la interpretación de la conducta del criminal y de su interacción con la victima según los datos  que se encontraron.

El FBI ha demostrado que los mejores candidatos a perfiladores criminales son Agentes con amplia experiencia  que han demostrado tener una especial habilidad a la hora de resolver casos difíciles , al tener una excelente capacidad  analítica y un cierto grado de intuición , las credenciales académicas  no sirven “ per se“ para garantizar el éxito de una persona  como experto en la realización de perfiles criminales, a no ser que esté acompañada de una amplísima experiencia en investigación  práctica.

En la vida de cada persona hay tres facetas  simultáneas: una faceta  pública , una faceta  privada y una faceta secreta. El estudio del perfil criminal trata de poner de manifiesto  aspecto de la parte o faceta secreta de las personas que han cometido un hecho criminal.

La conducta es reflejo de nuestra personalidad , hermanos que  se han criado y educado de una manera similar tienen características de personalidad distintas y por tanto su conducta es diferente.

Existen tres principios básicos de aplicación general en el estudio del perfil criminal:

-      El método y la manera en que se lleva a cabo un crimen está directamente relacionado con el tipo de personalidad del criminal.

-      Las conductas pasadas son frecuentemente indicadoras de conductas futuras .

-      No es posible predecir con certeza cuando o si una persona cometerá un acto violento.

El perfilador  debe de estudiar según lo que quedó plasmado en la escena del crimen la personalidad tanto de la víctima como del agresor.

Para realizar un perfil criminal son necesarios todos los informes de la investigación policial , médica forense y análisis complementarios, la descripción perfecta y exacta de la escena del crimen , mapas y planos, fotografías de la escena del crimen y autopsia , esquemas e información sobre la víctima.

La realización de PERFILES CRIMINALES es un arte y no una ciencia , que pretende aportar a los investigadores policiales una descripción lo más exacta posible del tipo más probable de agresor, reduciendo el número de sospechosos, enfocando la investigación  y disminuyendo el tiempo de investigación.   

                                                                                                             Tíscar Peña Rodriguez

29 Jul 2011

LA CONDUCCION CON RESULTADO DE MUERTE SERA CONSIDERADA HOMICIDIO

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El Gobierno otorga gran relevancia al grave problema de la accidentalidad viaria y adquiere este un enorme carácter mediático que lo sitúa  en un predominante lugar en el ranking de los problemas sociales que conforman la agenda política. Vivimos en una época de “tolerancia cero hacia los infractores viales”. La pasada reforma del Código Penal operada por la LO 15/2007, de 30 de noviembre por la que se modifica la LO 15/95 de 23 de noviembre del Código Penal en materia de Seguridad Vial (BOE Núm. 288 de 01.12.2007), se produjo con la finalidad de definir con mayor rigor todos los delitos contra la seguridad del tráfico y los relacionados con la seguridad vial, intentando evitar en la mayor medida la impunidad de conductas de “violencia vial”.

Regulados los delitos contra la Seguridad Vial en el Capitulo IV, Titulo XVII del Libro II del Código Penal, los mismos se encuentran definidos desde el Art.379 al Art.385.ter.

Cada vez se estrecha más el cerco de la Ley sobre los infractores que provocan muertes o lesionados, pero a día de hoy muchos de estos errores terminan en juicios de faltas. Por dicho motivo el Ministerio Publico viene trabajando en una nueva línea de actuación en  materia de tráfico. Se estudia como castigar a todos aquellos conductores que como consecuencia de una imprudencia, saltándose las reglas y normativas impuestas, ocasionan graves accidentes con daños humanos y materiales.

La Fiscalía trabaja en este campo junto a Trafico para evitar la impunidad en la que a veces quedan quienes provocan accidentes al volante con víctimas mortales o heridos

En los casos de fallecimientos y lesiones graves como consecuencia de los siniestros viales se incoarán siempre diligencias judiciales

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, anunció el pasado miércoles que todos los conductores que provoquen un accidente de tráfico con resultado de muerte o heridas graves, serán imputados inicialmente por el delito de homicidio imprudente o lesiones, siempre que hayan cometido una imprudencia grave.

A partir de ya, si hemos cometido una falta grave y nos vemos involucrados en un accidente en el que hay muertos o heridos muy graves, se pedirá para nosotros la imputación de delito de homicidio por imprudencia (art. 142 del Código Penal) o lesiones graves por imprudencia (art. 152 del Código Penal). Luego, si resultamos ser culpables, la condena se ampliará de forma sustancial.

Informes sobre las estadísticas de procedimientos incoados entre 2005 y 2010 en materia de Seguridad Vial, desde la entrada en vigor de la reforma penal de 2007, nos ponen de manifiesto el gran numero de personas ingresadas en prisión y número de comisos decretados por la delincuencia vial.

Tras un siniestro grave, los Fiscales podrán imponer desde la intervención del permiso de conducir hasta el ingreso en prisión pasando por el decomiso del coche, si observan que la conducta de cualquier conductor es imprudente o delictiva.

La restricción o privación de algún derecho, generalmente la libertad, es el medio coactivo más contundente con que cuenta el Estado. Si éste renunciase a la pena, obligando a la víctima y a la comunidad a aceptar las conductas criminales como si no hubieran ocurrido, retornaríamos a la “Ley de la selva” y a “tomarse cada uno la justicia por su mano”. Por eso, ha subrayado el Fiscal de Seguridad Vial que lo se pretende es “elevar la respuesta penal” y ha recordado que el delito de homicidio imprudente está castigado con una pena de cárcel de uno a cuatro años y el de lesiones graves, como daños medulares o cerebrales, con tres meses a tres años de prisión.

Hasta el momento, en el año 2011, se han dictado 35.021 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial, de las que 345 pertenecen a homicidios imprudentes y lesiones graves.

Endurecer las leyes para que cometer imprudencias de tráfico potencialmente peligrosas no sea gratis es una de las medidas necesarias para reducir la siniestralidad, sin embargo también es una de las más polémicas. La reparación adecuada del daño causado y la solución del conflicto desde una perspectiva justa para ambas partes es una tarea ardua para los Jueces a la hora de sentenciar. Por eso, la participación de los Fiscales en la investigación de los siniestros ocurridos en la red viaria y poder esclarecer los hechos, sería de gran ayuda para depurar responsabilidades.

Estas nuevas imputaciones iniciales contra los conductores involucrados en accidentes graves han sido acordadas por la Fiscalía y los responsables policiales de seguridad vial de toda España
como parte de un operativo de cara a la operación salida y regreso del mes de agosto. Serán varios los supuestos por los que se podrá acusar por un delito de homicidio imprudente, entre ellos los siguientes:    

 

Exceso de velocidad, conducir a una velocidad superior a la establecida, dependiendo el tipo de vía, 30 km/h, sobre el limite de velocidad de 120 km/h y 20 km/h, si es inferior a 120 km/h, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Superar las tasas de alcoholemia permitidas, conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro, hoy por hoy, está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses; igualmente, si se trata de ingesta o de drogas tóxicas, estupefacientes o cualquier sustancia psicotrópica.

No guardar la distancia de seguridad, se considera una infracción al reglamento de circulación, pero se prevé que cuando ponemos en peligro la seguridad de los de los demás, puede considerarse incluso como una conducta peligrosa y por tanto delictiva.

Conducir de forma temeraria, El hecho de circular un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Igual ocurrirá con los supuestos de adelantamientos realizados en línea continua, hablar por el teléfono móvil, o conducir con somnolencia, distraído o sin prestar atención a la conducción, etc…

Si se nos declara culpables de homicidio imprudente, la pena va de uno a cuatro años de cárcel, y son acumulables, a las penas por delito contra la seguridad del tráfico. Si se trata de un delito de lesiones graves por imprudencia, de tres meses a tres años de cárcel.

Obviamente al tratarse de accidentes no se incurre en dolo, pero si se le dan gran relevancia al termino RESPONSABILIDAD, por lo que conducir se convierte en un acto de control y respeto, vetando a aquellos individuos que por su falta de prudencia al realizar dicha actividad ponen en peligro la vida del resto de peatones o conductores que se encuentren en la via.

 

Hace algunos años era impensable el actual engranaje jurídico que existe para los hechos basados en la Seguridad Vial, pasando entonces, la mayoría de la siniestralidad vial, desde el punto de vista jurídico desapercibida

Pasamos a reflejar algunos datos contenidos en el Informe emitido por el Fiscal de Sala Coordinador de la Seguridad Vial:

 

Los delitos contra la seguridad del tráfico

  • Art. 379.1º – Velocidad excesiva (+60 km/h en vías urbanas, +80 km/h en vías interurbanas)
  • Art. 379.2º – Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas por encima de los límites legales
  • Art. 380 – Conducción temeraria
  • Art. 381 – Conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida ajena
  • Art. 383 – Negativa a someterse a un control de alcoholemia
  • Art. 384 – Conducir sin carné
  • Art. 385 – Causar un grave riesgo para la circulación

 

La coordinación entre la Fiscalía y la Policía Judicial de tráfico será pieza clave para indagar sobre las causas del accidente teniendo en cuenta el factor vía, estado del vehículo y neumáticos, control sobre los periodos de conducción y descanso en los profesionales del transporte, la falta de pericia en la conducción o las irregularidades en el reconocimiento médico de conductores. Además, se hará constar en el atestado un informe detallado y con profundización criminológica acerca de las causas precedentes que coadyuvan al desencadenamiento final del accidente.

Este proyecto piloto especial de seguimiento a las imprudencias graves que con ocasión del tráfico se pondrá en marcha el próximo mes de agosto coincidiendo con la operación salida y regreso de las vacaciones.

Conocer las causas de los accidentes más graves es prevenirlos en el futuro, en resumen, si todas estas medidas sirven para que haya una victima o lesionado grave menos en las carreteras, bienvenidas sean.   

                                                                                                                      Mª del Mar Peña R.

22 Jul 2011

Préstamos sin garantía personal

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Corren tiempos en que el mercado se aprovecha de los deseos para darles la satisfacción que suponga su propio beneficio y la consiguiente producción del lucro buscado.

Probablemente sobre esta base surge la idea, ya llevada a la práctica según noticias publicadas, en una Entidad Financiera de ofrecer  “un préstamo hipotecario donde la vivienda se constituye en única y exclusiva garantía”.

El empeño debe ser mercantilmente interesante, pero no creo que jurídicamente tenga consistencia en cuanto a la forma en que se presenta, pudiendo dar lugar a confusiones y a convencimientos equivocados e incluso a consecuencias contrarias a las deseadas.

Según el derecho español, art. 104 Ley Hipotecaria, “La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida” Y, según el art. 105 “La hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil.”

Así pues la Hipoteca es aquélla figura creada para sujetar un bien directamente a responder de la devolución de un préstamo o de la garantía de una obligación, pero no como garantía exclusiva, sino con independencia de la responsabilidad personal ilimitada del deudor, según establece el art. 1911 del Código Civil, que dice que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.”

Ofrecer una hipoteca que no respeta las normas que regulan esta figura jurídica supone, o pude suponer, que la calificación del negocio jurídico que se celebre no sea exactamente esa en el momento en que surgiera discordia o pleito entre las partes, pues como es sabido la denominación que las partes den a un contrato no es concluyente, y hay que estar al contenido del mismo para determinar cuál sea el tipo de negocio celebrado.

Si se establece la obligación de entregar una cosa para el caso de impagar el precio pactado por la misma, o se establece la posibilidad de pagar a plazos un bien garantizando el bien el precio aplazado, o se establece la garantía del bien para conseguir que la otra parte acceda a la concesión de un préstamo, las consecuencias jurídicas son distintas. El prestatario tendrá que estudiar a fondo las condiciones de su préstamo (pues el prestamista es seguro que ya las habrá analizado) y de la garantía que se ofrece para el caso de incumplimiento de los pagos, ya que, en una situación extrema podría incluso plantearse la posibilidad de posibles liquidaciones fiscales no deseadas, debiendo demostrarse a Hacienda que el precio del bien entregado para saldar la deuda es igual al montante de la deuda que con el bien se satisface o, en otro caso, entraría en juego las posibles compensaciones, cesiones o concesiones que deberían liquidarse al tipo que correspondiese en función de la figura jurídica donde se enclavasen.

Desde el punto de vista de la Entidad, puede tratarse de una maniobra financiera ideal para conseguir no solo maquillar su balance, sino realmente llevar a cabo una verdadera inversión altamente productiva. Pensemos en que los Bancos tienen en la actualidad una importante cartera de inmuebles y pensemos que los Bancos deben realizar una serie de provisiones. Si la Entidad se desprende de unos inmuebles que sólo le suponen una pesada carga  en su contabilidad; si además consigue obtener unos pagos periódicos por desprenderse de tales inmuebles, que se verían representados por las cuotas hipotecarias que se les satisficiesen; si quedan con la garantía de que cualquier impago supone la devolución del inmueble, no existe riesgo alguno para la Entidad Financiera lo que, desde una visión imparcial, nos debe llevar a sospechar que puede ser que el total del riesgo lo asuma la otra parte.

La realidad de la situación se pondrá de manifiesto si se constata que es desigual el trato que se de a operaciones que se realicen sobre inmuebles propiedad del Banco o sobre inmuebles propiedad de terceros.

Se trata solo pues de llamar la atención sobre operaciones novedosas que se oferten aprovechando una corriente de opinión y aparentando beneficiar exclusivamente al ciudadano y se trata de alertar a éste para que estudie con detenimiento e interés las distintas condiciones que se le impongan al suscribir un  contrato de éste tipo, debiendo preveerse todas las posibilidades, desde la más remota, cual pudiera ser la posible calificación fiscal de condonación de deuda, o incluso donación, de los excesos sobre el valor del bien hasta el importe de la deuda, hasta la más sencilla cual es el destino de las cantidades que se abonen por el concepto de “capital” en ese préstamo que tan generosamente se le ofrece.

                                                                                                                                 José de Cueto